En medio del debate legislativo sobre las reformas al sistema electoral, el analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera Muñoz, advierte sobre los riesgos de avanzar en un proyecto de ley que restrinja la participación de migrantes en los procesos electorales.
El camino para las elecciones presidenciales del 16 de noviembre se va estrechando, y a las definiciones pendientes sobre candidaturas y alianzas, se suma un tema que ha encendido el debate en el Congreso: la participación electoral de las personas migrantes.
En marzo, el Gobierno presentó doce indicaciones para modificar la reforma electoral en discusión. Entre ellas, varias apuntaban directamente a restringir el derecho a voto de extranjeros. Las propuestas exigían residencia definitiva para sufragar, un certificado de antecedentes penales del país de origen y limitaban el derecho al voto migrante exclusivamente a comicios municipales. Además, se planteaba eximir de multas a chilenos en el extranjero y a residentes extranjeros que no participaran en las elecciones.
El tema volvió al centro de la discusión a principios de mayo cuando el Senado retomó el debate. Las palabras del senador Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) encendieron nuevamente los ánimos: “todavía tengo esperanzas de que se llegue a un acuerdo sensato, temporal, respecto de la prohibición de que las personas extranjeras en Chile puedan votar para elegir presidente de la República”, sentenció.
Estas declaraciones se sumaron a la controversia generada semanas antes por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, quien calificó tres de las indicaciones del Ejecutivo, respecto a este tema, como inadmisibles por “contradecir las ideas matrices del proyecto de ley”.
Actualmente, la ley establece que los migrantes con al menos cinco años de residencia en el país se integran automáticamente al padrón electoral. Sin embargo, el debate ha polarizado a los sectores políticos, con acusaciones cruzadas de oportunismo y contradicciones sobre la postura frente a la migración legal e ilegal.
En este escenario, el analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera Muñoz, advierte sobre los riesgos de avanzar en un proyecto de ley que restrinja la participación de migrantes en los procesos electorales.
¿Cómo evalúa este proyecto de ley?
Ese proyecto de ley es un error. Primero, porque el hecho de contar con votos impulsa que ellos obtengan mayor cantidad de beneficios o de derechos sociales dentro de nuestra legislación. Lo que hace es que los legisladores estén pendientes de ellos, o ya sea a favor o en contra, pero que de alguna forma ellos formen parte del debate público. De hecho, al analizar el periodo legislativo del 2022 al 2025, cerca del 18% de los oficios presentados por diputados han sido oficios que están vinculados con temas de migrantes. Eso es mucho considerando que es un solo tema dentro de un abanico de temas que es más grande. Por lo tanto, lo que significa es que el tema migrante es una prioridad para los legisladores y para el Ejecutivo en la medida en que ellos sigan teniendo derecho a voto.
¿Cómo es la realidad internacional en este tema?
En general los países no transitan de tener más derechos a tener menos. Si un país ya concede derecho a voto es raro o es extraño que lo quite, sino que más bien lo que va haciendo con el tiempo es ir avanzando en términos de derechos políticos, en términos de derechos electorales, para que ese grupo de población tenga más derechos, tenga más derechos asociados con la clase política.
¿Es común que extranjeros voten en elecciones presidenciales?
(Nuestro sistema) es una excepción a nivel mundial porque lo pueden hacer en todas las elecciones, pero lo que va transitando la mayoría de los países del mundo es avanzar en el reconocimiento del derecho a voto de los migrantes y cada vez son más elecciones a nivel mundial en las cuales se acepta el derecho a voto de los migrantes. Entonces, por ahora es una excepción, pero más que una excepción es una innovación desde el punto de vista político-institucional.
¿Qué impacto tienen estas propuestas en el actual proceso electoral?
Lo normal es entregar derechos políticos a gran parte de la población que muestra residencia y muestra estabilidad dentro de un país. Lo que es anormal es hacer una política pública, un cambio de la legislación en términos institucionales justo en un año electoral. Eso cambia las reglas del juego y lo que habla es de que somos un país poco estable y con instituciones poco serias. El riesgo no está en que los migrantes voten, está en que cambiemos las reglas electorales en el mismo año de la elección.
