Cada mayo, el apoyo estatal llega como un alivio para millones de pensionados, pero también refleja las falencias estructurales del sistema previsional chileno. Aunque es una ayuda esperada, su existencia deja en evidencia la necesidad de avanzar hacia políticas públicas más sólidas que garanticen dignidad, salud y estabilidad durante todo la fría estación.
Por Judith Guajardo Escobar
El Bono de Invierno en Chile comenzó a implementarse en 1989, durante el gobierno de Patricio Aylwin, como una medida excepcional destinada a apoyar a los adultos mayores con menores ingresos durante los meses más fríos. Desde entonces se ha convertido en una política social recurrente, entregada cada año, con el objetivo de aliviar —al menos momentáneamente— el impacto del frío y los gastos que aumentan en invierno: mayores enfermedades, costos de calefacción, entre otros.
Aunque a veces es percibido como una medida asistencialista, el Bono de Invierno constituye una ayuda necesaria y esperada cada mes de mayo para millones de pensionados que sobreviven con ingresos mínimos. Para muchos, esos $81.257 entregados pueden marcar la diferencia entre comprar medicamentos o pagar una cuenta de electricidad.
En un escenario ideal, los bonos estacionales no deberían ser necesarios para garantizar la supervivencia
Sin embargo, este beneficio también revela las falencias estructurales de nuestro sistema de protección social. Al igual que otros aportes estatales, funciona más como un parche de emergencia que como una solución de fondo. Las causas estructurales —pensiones bajas, precariedad energética, insuficiencia en salud y el alto costo de vida— permanecen sin un soporte sólido.
En un escenario ideal, los bonos estacionales no deberían ser necesarios para garantizar la supervivencia. Sería más justo contar con apoyos permanentes durante todo el invierno, considerando que el costo de vida actual supera ampliamente lo que cubre el Bono. Se requiere avanzar hacia políticas públicas que fortalezcan el sistema previsional, implementen subsidios energéticos bien focalizados, mejoren las condiciones de vivienda para enfrentar las bajas temperaturas y amplíen la cobertura farmacológica.
El Bono de Invierno cumple su función, pero no puede ser la base de nuestra política social para los adultos mayores. Nadie sobrevive dignamente con una ayuda que equivale a menos de la mitad de la pensión mínima garantizada ($222.475). Es tiempo de mirar más allá del beneficio puntual y construir soluciones permanentes que devuelvan dignidad y estabilidad a quienes más lo necesitan.
